La iniciativa encaja en un proyecto para dar mayor acceso a la telefonía a la población de menores recursos, más allá de los teléfonos celulares, de los cuales existen 256 millones para una población de 192 millones, y los 43,4 millones de teléfonos fijos, una cantidad relativamente modesta. Una de las medidas es imponer a las telcos que, al menos en las zonas más pobres del país, las llamadas locales a teléfonos fijos desde estos aparatos sean gratuitas.

Embratel, controlada por América Móvil, ya aceptó esta propuesta, en tanto en el caso de Oi, que tiene fuerte presencia fuera de las principales ciudades, Anatel emitió una orden prohibiéndole que cobre por estas llamadas.

La iniciativa es aún más ambiciosa: se está pidiendo a las telcos que estos teléfonos fijos callejeros puedan ser utilizados para otras aplicaciones de interés, más allá de los llamados de emergencia. Entre las previstas figuran el acceso a Internet Wi-fi, la posibilidad de pagar las llamadas con tarjeta de crédito en lugar de tarjetas telefónicas, que éstas no sean descartables, que se pueda volver a pagar con monedas y la accesibilidad para discapacitados.

En forma simultánea, Anatel viene imponiendo la obligación de ofrecer un teléfono domiciliario fijo a R$ 13 por mes (alrededor de 6,50 dólares) a las familias de escasos ingresos, con un cupo de llamadas mensuales locales a teléfonos fijos y cargos adicionales cuando se excede este límite. El plan se llama "telefone baixa renda" y aumenta las posibilidades de comunicación por telefonía fija a quienes gana el "salario mínimo", actualmente de R$ 622 (unos 310 dólares) por mes.

El "orejón" fue lanzado en 1972 simultáneamente en Rio de Janeiro y São Paulo y fue revolucionario porque en aquellos tiempos y en las décadas siguientes --hasta la privatización de las "Baby Bras", filiales de la oficial Telebrás, en los 90--, la penetración de la telefonía fija era muy exigua: la mitad de los pequeños comercios y negocios del país no tenía teléfono.

En los últimos años, según Anatel, hubo una reducción de 40% en la utilización de los "orejones". Más grave aún, Telefónica denunció que hay zonas donde el 25% de sus aparatos públicos es dañada por vandalismo una vez por mes, lo que representa para la empresa un costo total en el Estado de São Paulo de R$ 19,2 millones por año, unos 9,5 millones de dólares.