El problema de fondo es que para las televisoras comerciales y públicas no se justifica pasar a TV digital: se requieren cuantiosas inversiones en equipamiento y capacitación, sin que exista un retorno a la inversión porque los anunciantes no quieren pagar más por la emisión de spots comerciales en alta definición. Tampoco hay una masa de receptores para TV digital suficiente y buena parte de la población no los tendrá hacia 2015, a menos que se subsidien los conversores o directamente se los regale, lo cual debiera ser afrontado por el Estado.

Mony de Swaan, comisionado presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, habría formulado enérgicas declaraciones  en el sentido de que 'Televisa y TV Azteca impusieron amparos para detener la transición a TDT'. De acuerdo a Marco A. Mares en El Economista, los otros comisionados de Cofetel no comparten esta posición 'tan beligerante' y darían a conocer su posición --que podría no ser única-- en un futuro inmediato. Según Mares, 'el acto reclamado (por las televisoras) no es detener el transito hacia la TDT sino para inconformarse por el cambio de la fecha original, 2021, a 2015'.

El objetivo del gobierno --compartido por los de otros países de la región-- es dejar libre la banda de 700 MHz, utilizada gratuitamente por los teledifusores públicos y privados, y venderla a las empresas de telecomunicaciones, lo cual representaría un  ingreso de miles de millones de dólares para las arcas fiscales. Pero, ello sucedería a costa de las finanzas de las emisoras de TV públicas y privadas, expuestas además a una competencia adicional por parte de las nuevas emisoras a ser licitadas en TV digital, parte de las cuales saldrá a competir por la facturación publicitaria y propaganda política que hoy financian a la TV privada en México y demás países de la región.

Finalmente, no se sabe si existe en México la capacidad de instalar antenas y otro equipamiento requerido en cantidad y calidad suficiente para poder cesar de emitir en TV analógica al 31 de diciembre de 2015.

El tema se agrega a los que deberá enfrentar el presidente electo, Enrique Peña Nieto, cuando asuma el 1º de diciembre, a partir de iniciativas lanzadas por el presidente Felipe Calderón en los últimos tres meses de su mandato, como la Reforma Laboral y otras imposibles de cumplir de aquí a diciembre.