Televisión
Argentina: AFSCA fijó adecuaciones a Ley 26.522
Martín Sabatella, titular de Afsca, dio a conocer en conferencia de prensa las modificaciones que deberán realizar las empresas afectadas por los límites establecidos por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.Martín Sabatella señaló que la 'Afsca actuará de oficio' para tasar y luego licitar las licencias 'de menor valor' consideradas por la Afsca excedentes en el caso de aquellas empresas que no cumplan con los límites de la Ley y no hayan presentado planes voluntarios de reducción de su número de licencias al 7 de diciembre.
En el caso de Grupo Clarín, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual impone reducir el nivel de suscriptores o población alcanzada al 35% (lo estimó en actualmente 58,61% para TV paga y 38% para TV de aire); de licencias de cable a 24 (actualmente 237) y de aire a 10 (actualmente 25) en radio y televisión, debiendo resolver a la vez 'un exceso de licencias a nivel local'.
El Grupo Uno, de Vila y Manzano, deberá desprenderse de 25 licencias, ya que controla actualmente 55, de acuerdo a lo informado por La Nación. También deberá abandonar una licencia de TV DTH que está fuera de operación desde la década del 90.
DirecTV, que posee una licencia nacional de DTH, deberá cumplir con la norma de menos de 35% del mercado y deberá desprenderse de su participación en la señal TyC Sports. La red de emisoras de radio Cadena 3, la MSO de cable Telecentro y Grupo Uno exceden la tenencia de licencias de radio y TV a nivel local, siendo 3 el máximo admitido por la ley.
El Grupo Prisa, que opera Radio Continental y FM 105.5 en Buenos Aires es subsidiario de un grupo extranjero y deberá vender parte o toda su tenencia. Grupo Uno y Grupo ICK tienen incompatibilidad por estar relacionado con la prestación de servicios públicos. Tambien hay menciones de incompatibilidad entre la operación de señales de TV y ofrecimiento simultáneo de televisión por suscripción.
Grupo Clarín ha dado a conocer que no presentará un plan de adecuación por considerar inconstitucional el artículo 161 de la Ley 26.522 y sostiene que la 'ley ha sido dictada y se intenta aplicarla con la finalidad específica de perjudicarlo'. El plazo del amparo judicial obtenido por esta empresa vence el 7 de diciembre; en caso de que no haya un dictamen judicial favorable a su postura, la empresa considera que el plazo de desinversión sería de un año a partir de esa fecha.