Uruguay envía al Parlamento la Ley de Medios Audiovisuales

La exposición de motivos que acompaña los 183 artículos que componen el proyecto, se afirma que la propuesta procura modernizar el sector y ‘tiene en cuenta la intensa y permanente transformación tecnológica’. Establece además que los servicios de comunicación audiovisual tienen naturaleza tanto económica como cultural, así como valor estratégico para el desarrollo nacional, por lo que el Estado debe asegurar el acceso universal a estos. De esa forma, se contribuye a ‘la libertad de información, la inclusión social, la no discriminación, la promoción de la diversidad cultural, la educación y el esparcimiento’.

La legislación, que deja afuera los  medios escritos, limita a tres el total de medios audiovisuales en poder de un grupo empresario y establece que no podrá concederse más de una frecuencia radial por banda, AM o FM. 

Los titulares de televisión paga no podrán disponer de más de seis licencias en todo el territorio nacional, lo que se reduce a tres cuando se trata de la capital, Montevideo. Las licencias serán otorgadas por un plazo de 10 años para radio y de 15 años para televisión, con la posibilidad de ser prorrogables por una década. Además deberán pagar un canon por su uso, que será fijado por el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, la propuesta prohíbe que las empresas audiovisuales ofrezcan servicios de telefonía o transmisión de datos.

En lo que respecta al contenido, el proyecto de ley establece que los medios audiovisuales deberán brindar espacio gratuito a los partidos políticos en época electoral y una cuota obligatoria de contenido nacional, fijado en un mínimo de 60%.

También incluye disposiciones relativas a los derechos de los aplicadores de los servicios de comunicación audiovisual, como por ejemplo la libertad de expresión e información, la prohibición de censura previa, la independencia de los medios de comunicación y la libertad editorial.