Televisión

Uruguay: Gobierno define regulación para implementación de TDT

2011.09.30 | El Gobierno de Uruguay definió los detalles para el comienzo de la Televisión Digital Terrestre (TDT) abierta y gratuita en el país bajo la norma ISDB-T, y prepara la firma de un decreto del Ministerio de Industria para su oficialización.

Uruguay Roberto Kreimerman
Roberto Kreimerman, ministro de Industria del Uruguay

El proyecto de decreto establece que serán destinados unos 20 canales -en las frecuencias 21 al 36 y 38 al 41 de la banda UHF- para la TV Digital, de los cuales siete serán para titulares de servicios de radiodifusión de televisión comerciales, siete para servicios de televisión comunitarios y sin fines de lucro, y seis para señales públicas.

En referencia a las señales privadas, las que ya están operando, como son los canales 4, 10 y 12 de Montevideo, podrán solicitar una licencia para utilizar una señal digital con programación espejo de la actual señal analógica, vigente hasta el 21 de noviembre de 2015, fecha en la que se producirá el apagón analógico.

Los canales comerciales deberán brindar contraprestaciones al Estado como parte de las condiciones de las licencias de TDT, entre las que se destaca la habilitación de hasta 15 minutos diarios de uso gratuito para realizar campañas de bien público, promover la producción de contenidos nacionales y el uso de recursos artísticos, profesionales y técnicos del país.

Otro aspecto importante del proyecto del Ministerio es la creación de un aporte obligatorio por parte de los canales de un porcentaje de su facturación bruta (entre 0,5% y 1%), que se utilizará para financiar un fondo estatal de Producción Audiovisual.

En cuanto a los canales destinados al servicio público, uno será asignado a Televisión Nacional Uruguay (TNU), otro será para la Intendencia de Montevideo, y un tercero podrá ser usado para el desarrollo de señales de televisión pública regionales.

Por último, la normativa establecerá que las concesiones de las licencias tendrán una vigencia de 15 años, con opción de renovación por parte del Ejecutivo, y que durante los primeros cinco años su titularidad no podrá ser transferida.