México: aprueban nueva Ley de Amparo

Hasta ahora, cuando una empresa o particular se inconformaba con una decisión de un organismo del Estado, como la Comisión Federal de Telecomunicaciones o la de Competencia, podría solicitar un amparo judicial que suspendía los efectos de dicha medida --por ejemplo, una reducción en las tasas de interconexión entre telcos-- hasta que en la Justicia se dictara fallo definitivo sobre si la autoridad administrativa (Cofetel o la CFC, por caso) tenía potestad legal para ordenar tal cambio. En el caso de Cofetel, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que ratificar en varias oportunidades esta situación; la espera de tal fallo puede demorar por años la puesta en práctica de una medida.

De aquí en más, cuando exista una licencia de operación otorgada por el Estado (el espectro radioeléctrico en telecomunicaciones, pero también bancos y otras actividades) se podrán interponer amparos pero el litigante deberá cumplir con lo ordenado hasta tanto se sustancie el dictamen judicial.  El juez podrá hacer una excepción en casos que considere especiales, pero se estima que éstas no serán frecuentes.

Los empresarios mexicanos han criticado la reforma, alegando que se alentará a los gobiernos a tomar medidas arbitrarias que dañen a las empresas afectadas, quitándoles a éstas la posibilidad de defenderse y evitar daños irreparables. Los dirigentes políticos manifiestan que la reforma no limita ningún derecho constitucional, sólo evita los abusos en la utilización del amparo.