El ‘ABC’ del IFT: Reportaje exclusivo a Javier Juárez Mojica, Comisionado Presidente en Suplencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones

Le tocó asumir en el IFT justo cuando está terminando la pandemia. ¿Cómo es su visión de la situación de la Industria de las Telecomunicaciones en México tras estos dos años y medio?

‘Sin duda, la pandemia nos mostró cuan vulnerables podemos ser los seres humanos, pero también nos dejó ver la relevancia de las telecomunicaciones y del trabajo en equipo como instrumentos para enfrentar amenazas y superar desafíos.

Ante las medidas de distanciamiento social, de confinamiento y de restricciones a la movilidad que nos vimos obligados a adoptar, encontramos en el uso de la radiodifusión y las telecomunicaciones el medio para dar continuidad a nuestras actividades económicas, productivas, educativas y sociales, lo cual no hubiese sido posible sin el trabajo conjunto de la industria, autoridades y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT o Instituto).

Deseo señalar que aún sin la imposición de obligaciones a la industria por parte del Instituto o de alguna otra autoridad, se pusieron a disposición de la población apoyos que contribuyeron a facilitar su acceso a los beneficios que brindan las tecnologías digitales: planes y tarifas de apoyo por contingencia; extensiones en las fechas de pago y condonación de recargos; ampliación de vigencias de saldo; tarifa cero a sitios oficiales para acceder a información sobre COVID; el servicio de emergencia “Línea de vida”; canales de TV de paga adicionales sin costo, canales multiprogramados en televisión abierta para acceso a clases en línea a través del programa “Aprende en casa”; entre muchos otros. Tanto la industria de telecomunicaciones como la de radiodifusión hicieron sinergia con las autoridades, instituciones de gobierno y el IFT para apoyar a la población. Y esa es, precisamente, una de las principales lecciones aprendidas que reafirman la visión del Instituto: la regulación colaborativa, el trabajo conjunto con la industria del sector para generar valor en beneficio de los usuarios y de la población en general.

Por ello, en el Instituto convocamos constantemente a los actores relevantes del sector para encontrar juntos la mejor ruta de actuación regulatoria, ya sea a través de consultas públicas, de reuniones con estos actores o de foros especializados como el Comité Técnico en Materia de Espectro Radioeléctrico o el Comité Técnico en materia de Despliegue de 5G en México. Esto da cuenta de que el IFT es un órgano regulador que escucha a las partes interesadas para identificar las prioridades de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y así servir al mejor interés de México.

Al respecto, quiero destacar que este año la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) reconoció al Instituto como un regulador de quinta generación, que es el nivel más avanzado de preparación para la transformación digital gracias a la implementación de acciones de colaboración decisivas y el fortalecimiento de la interacción con otras autoridades y actores relevantes.

Las telecomunicaciones y la radiodifusión seguirán teniendo un papel preponderante en el proceso de recuperación económica post-Covid, es por ello que en el Instituto Federal de Telecomunicaciones trabajamos de manera conjunta con todos los actores del sector para construir una regulación que brinde certidumbre jurídica, impulse la competencia y favorezca el despliegue de redes y servicios y, por ende, la conectividad de la población.

En función de eso. ¿Cuáles objetivos generales ya se ha podido plantear para su gestión?

Por lo que respecta a mi gestión al frente del IFT como presidente en suplencia, aprovecho este espacio para comentarles de la brújula institucional a la cual he denominado el “ABC” (A de autonomía; B de beneficio social y C de competencia), con la cual el organismo regulador de las telecomunicaciones, la radiodifusión y autoridad de competencia en ambos sectores guiará su actuar cotidiano hacia la concreción de ese ecosistema de vanguardia que el país merece.

La “A” de autonomía, porque además de que así corresponde al diseño institucional que definió la Constitución para el IFT, es lo que nos permite actuar conforme al “deber ser”.

La autonomía nos permite tomar decisiones técnicas y apegadas a derecho, ajenas y apartadas de cualquier interés económico o coyuntura política. Esto de ninguna manera quiere decir que seamos ajenos al Estado mexicano, todo lo contrario, la propia Constitución nos define como coadyuvantes para que se logren cumplir las metas nacionales. Y así nos vemos en el IFT, como aliados del Estado mexicano para cumplir de la mejor manera con las políticas públicas que se definan, para ayudar a cumplir los planes y programas de desarrollo.

Esto me lleva a la “B” del beneficio social; tenemos que trabajar para darle sentido a la conectividad, para que la transformación digital sea generadora de bienestar para todos los mexicanos.

Es importante mencionar que las telecomunicaciones han revolucionado la forma de relacionarnos, trabajar, estudiar, entretenernos y, en general, de hacer vida en los últimos años y particularmente en los tiempos recientes de pandemia. La continuidad de múltiples sectores de la economía, y de la sociedad, ha sido posible fundamentalmente gracias a los servicios de telecomunicaciones y a las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC). Estas herramientas han permitido a muchas personas continuar sus vidas en relativa normalidad durante la pandemia, desde al ámbito productivo, laboral, escolar, y hasta en el social.

Es indiscutible la importancia que tienen las telecomunicaciones para facilitar la recuperación económica, y para que millones de personas hoy trabajen desde casa; realicen compras de bienes y servicios a domicilio; tengan educación a distancia; puedan hacer transacciones bancarias sin tener que ir a las sucursales, y accedan a información veraz y a entretenimiento.

El tercer elemento de esta brújula institucional es la “C” de la competencia… ¿y qué es lo más importante en una competencia? Fundamentalmente es el contar con un árbitro neutral que garantice que se cumplan las reglas del juego. Cuando existe competencia, las empresas deben rivalizar entre sí, ofreciendo más y mejores productos, a menores precios, en beneficio de los usuarios.

Respecto a la regulación que emitimos, se busca que la competencia sea en condiciones de equidad y atendiendo a las condiciones de mercado. Con esa lógica se diseñó regulación asimétrica para operadores preponderantes tanto en telecomunicaciones y radiodifusión, reglas que, por supuesto tendrán áreas de oportunidad, y no permanecerán estáticas, por lo que el IFT se autoimpuso la obligación de revisar cada dos años el impacto de la regulación para revisar su eficacia, y de ser el caso, imponer nuevas medidas o eliminar aquellas que son innecesarias o bien que dejaron de ser eficaces.

¿Cuáles son las estrategias a largo y corto plazo para el acortamiento de la brecha digital en México?

Entendida la brecha digital como la distribución desigual en el acceso, en el uso, o en el impacto de los servicios digitales entre diversos grupos sociales, el IFT ha establecido en su Hoja de Ruta 2021-2025, la cual constituye el marco de trabajo que permite planificar y focalizar las acciones del instituto en un horizonte temporal de cinco años, una serie de objetivos y estrategias para disminuir las brechas digitales para que las TIC sean más inclusivas y contribuyan al beneficio social y a las actividades productivas.

Para alcanzar la universalización de servicios es preciso tener en cuenta que existen áreas geográficas en las que el propio mercado se encarga de proveer conectividad, y otras en las que se pueden requerir formulas diferentes con intervención estatal y financiamiento adicional para cerrar la brecha digital de cobertura.

En ese sentido, el Instituto considera que son necesarios esfuerzos de coordinación con instituciones involucradas, principalmente con la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes en el diseño de mecanismos para el cierre de la brecha digital, como modelos de colaboración público – privados en los que se utilice financiamiento público, modelos de designación de concesionarios con obligaciones de servicio universal y/o compartición de infraestructura o la creación de fondos de servicio universal. Adicionalmente, el Instituto busca analizar las implicaciones de establecer obligaciones de cobertura en las licitaciones de espectro, en los casos pertinentes y a partir del análisis de costo – beneficio particular en cada caso.

La brecha digital no se trata solamente de un asunto de cobertura y asequibilidad, también tiene un componente de aprovechamiento; para fomentar el uso de internet y las TIC hemos emprendido acciones como:

La implementación del Programa de Alfabetización Digital. El objetivo es dotar de habilidades digitales a los participantes, la concientización sobre sus derechos como usuarios y el impulso a una demanda de servicios informada, por ejemplo, con:

• La toma de decisiones informadas al contratar y usar sus servicios.

• La utilización adecuada de sus servicios y equipos de telecomunicaciones.

• La labor del Instituto y las herramientas digitales desarrolladas a favor de los usuarios. • El uso seguro de los servicios y dispositivos, entre otras.

En atención a grupos vulnerables, el Instituto ha puesto a disposición de la población la Guía para el Uso de Teléfonos Celulares dirigida a Adultos Mayores1 que explica los conocimientos básicos para la utilización de sus equipos celulares y servicios digitales.

El establecimiento del Comité Técnico en materia de Despliegue de 5G en México. Se trata de un órgano técnico de apoyo al Instituto de naturaleza consultiva y no vinculante, que permitirá la interacción entre el Instituto, la Industria, la Academia, los Entes Públicos y cualquier otro interesado, para exponer las necesidades, estrategias, prospectiva y estudios de 5G actuales y futuros, y con el propósito de elaborar contribuciones que servirán como insumo, para que el Instituto propicie un eficiente despliegue de 5G en México.

Para ello, se han implementado 6 mesas de trabajo en los siguientes ámbitos: i) Asignación oportuna de espectro para 5G; ii) Despliegue y disponibilidad de infraestructura para 5G; iii) Aplicaciones y servicios vinculados a 5G (casos de uso e innovación tecnológica); iv) Aspectos regulatorios para 5G; v) Ciberseguridad en 5G y, vi) Experimentación y pruebas con 5G, cuyo fin inmediato consiste en aprovechar la experiencia y conocimientos técnicos en dichas mesas, para analizar, discutir e integrar propuestas o insumos que otorguen un panorama para las decisiones relativas al despliegue de los servicios 5G en México.

La creación de la oficina de proyectos para la transformación digital. Esta oficina, creada en mayo de 2022, está a cargo de la gestión y sistematización de los proyectos que forman parte de la agenda prospectiva que ejecutará el IFT para la transformación digital en el país y en el propio órgano regulador. En esta oficina se perfilará el diseño y seguimiento de acciones estratégicas desde el ámbito de competencia del Instituto para impulsar la transformación digital, como la promoción de la infraestructura digital que involucra centros de datos y computo en la nube, entre otros, así como las relacionadas con gobierno electrónico.

Parte importante serán los casos de uso para incentivar la incorporación de tecnologías digitales en las diversas actividades sociales y productivas, por lo que con especial énfasis se trabajará en iniciativas y capacitaciones dirigidas a las micro y pequeñas empresas.

Finalmente, la experiencia demuestra que a veces es necesario pensar fuera de la caja y sumar esfuerzos para encontrar soluciones ad hoc, especialmente para comunidades alejadas y sin servicios:

Caso Siltepec, Chiapas y Kaanbal en Quintana Roo: Una muestra de ello es la cooperación entre el Instituto y la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), para abordar la situación que presentaba el municipio de Siltepec, Chiapas en el sur de México, en materia de conectividad.

Se trata de una comunidad cafetalera que adolece de servicios de conectividad y de instrumentos de crédito así que primero hicimos un taller, en el que se brindó asesoría y se ofreció acompañamiento a las organizaciones participantes de cómo identificar opciones para atender las necesidades de comunicación y adopción de tecnologías de esa población.

Asimismo, se logró establecer un programa piloto de acompañamiento de conectividad para el sector de crédito social proyectado para cinco comunidades chiapanecas.

Igualmente, en ese taller, los participantes compartieron al Instituto, sus experiencias en la construcción y desarrollo de redes de telecomunicaciones que atienden a localidades pequeñas por ejemplo, en Durango y Quintana Roo en las cuales en muchos casos el acceso a internet es limitado o inexistente, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, la Asociación Civil Kaanbal, señaló que para llevar conectividad en donde esta es escasa o casi inexistente, instaló servidores Raspberry Pi para brindar acceso gratuito a internet educativo, y de esa forma llevaron recursos educativos de internet como es el caso del contenido de Wikipedia, cursos, libros, guías médicas, etc.

Este tipo de intervenciones son de alto impacto para las localidades, un ejemplo de ello es que el proyecto Kaanbal permitió la preservación cultural, -en la comunidad de Juárez, Quintana Roo, donde existe una gran producción apícola- pue sus habitantes cargaron información sobre apicultura y gracias al internet, en un promedio de 3 o 4 meses las mujeres potenciaron sus ventas en un 60% utilizando las plataformas digitales.

Para el Instituto es importante seguir aprendiendo de este tipo de proyectos de la sociedad civil, y ser un facilitador de estos casos para que en le medida que la conectividad se use para actividades productivas, se cierre la brecha digital.

Todavía no se han nombrado a todos los comisionados del IFT. ¿Es un problema para el trabajo actual o pueden superarlo?

El proceso para nombrar a las y los Comisionados del IFT está claramente establecido en el artículo 28 de la Constitución, el cual establece que:

[…] El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con un mínimo de tres y un máximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. En el caso de no completarse el número mínimo de aspirantes se emitirá una nueva convocatoria. El Ejecutivo seleccionará de entre esos aspirantes, al candidato que propondrá para su ratificación al Senado.

La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de la presentación de la propuesta; en los recesos, la Comisión Permanente convocará desde luego al Senado. En caso de que la Cámara de Senadores rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo, el Presidente de la República someterá una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior. Este procedimiento se repetirá las veces que sea necesario si se producen nuevos rechazos hasta que sólo quede un aspirante aprobado por el Comité de Evaluación, quien será designado comisionado directamente por el Ejecutivo. […]

En efecto, a la fecha, el presidente de la República no ha seleccionado a las candidatas de las listas que le ha enviado el Comité de Evaluación y el Instituto no tiene injerencia en ello.

La integración completa del Pleno del IFT es relevante, pues conforme a su diseño institucional como órgano colegiado tiene el objetivo de que, al más alto nivel, se aporten las mayores capacidades profesionales de distintos perfiles, cada uno con puntos de vista, experiencia profesional y especialidades particulares que fortalezcan el proceso de toma de decisiones.

Adicionalmente, desde el punto de vista práctico, si bien hasta ahora no estamos paralizados surgen problemas de operación como resultado de las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y en la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE). En efecto, bajo esa conformación, el Pleno estaría incapacitado por ley para tomar algunas decisiones relevantes para su adecuado funcionamiento, por requerir una mayoría calificada de cinco votos para su aprobación.

De acuerdo con la LFTR y la LFCE se requiere el voto afirmativo de cinco Comisionados para:

En el contexto de procedimientos seguidos conforme al artículo 94 de la LFCE, ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia; determinar la existencia y regular el acceso a insumos esenciales, así como ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos en las proporciones necesarias pareliminar efectos anticompetitivos.

Emitir Disposiciones Regulatorias sobre: a) Imposición de sanciones; b) Prácticas monopólicas; c) Determinación de poder sustancial para varios Agentes Económicos; d) Determinación de mercados relevantes; e) Barreras a la competencia y la libre concurrencia; f) Insumos esenciales, y g) Desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los Agentes Económicos.

Expedir directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos sobre a) Concentraciones; b) Investigaciones; c) Beneficio de dispensa y reducción del importe de las multas; d) Suspensión de actos constitutivos de probables prácticas monopólicas o probables concentraciones ilícitas; e) Determinación y otorgamiento de cauciones para suspender la aplicación de medidas cautelares; f) Solicitud del sobreseimiento del proceso penal en los casos a que se refiere el Código Penal Federal y las otras que resulten necesarias.

Modificación del Estatuto Orgánico.

Nombrar/remover al titular de la Autoridad Investigadora.

¿Cómo ve que está la infraestructura de telecomunicaciones de México hoy frente a otros mercados?

En esta materia identificamos algunos retos, pero es igualmente importante contextualizarlos. Entre 2013 y 2020, se generó una inversión total de 705 mil millones de pesos por parte de los operadores en el sector, de la cual 74% corresponde a infraestructura. Asimismo, la participación en telecomunicaciones y radiodifusión en el PIB nacional era en promedio de 1.6% entre 2010 y 2013. A partir de 2014, esta participación aumentó hasta llegar a 3.3% en diciembre de 2021.

Durante los últimos 8 años, en México, hemos visto el incremento en la penetración de los distintos servicios de telecomunicaciones, a través de las nuevas tecnologías. Por mencionar algunos datos1:

La penetración de telefonía fija pasó de 62 a 68 líneas por cada 100 hogares; la de banda ancha fija de 38 a 67 accesos por cada 100 hogares; la de televisión restringida de 43 a 71 accesos por cada 100 hogares; la de telefonía móvil de 88 a 98 líneas por cada 100 habitantes y la del servicio de banda ancha móvil de 23 a 83 líneas por cada 100 habitantes.

A principios de 2013, sólo 8% de los hogares con Internet tenía velocidades superiores a 10 Mbps. A junio de 2021, el porcentaje de hogares con velocidades de entre 10 y 100 Mbps y mayores a 100 Mbps alcanza en su conjunto En junio de 2013, solo el 5.5% de los accesos de banda ancha fija eran a través de fibra óptica, mientras que, en junio de 2021, el 45.7% de los accesos son por medio de esta tecnología.

De junio de 2013 a mayo de 2022, los precios de comunicaciones en su conjunto (medidos a través del índice de precios de comunicaciones) cayeron 28.7%, mientras que la inflación en este mismo periodo fue de 48.1%.

A pesar de estos avances, es innegable la existencia de problemas bien identificados que afectan el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en nuestro país y que debemos afrontar de manera inmediata. Algunos de estos desafíos son:

Costo elevado del espectro radioeléctrico: Uno de los desafíos más importantes es el referido a la valuación del espectro radioeléctrico; en México el costo de este insumo es, en promedio, superior a 60% de la mediana internacional. Estos altos costos se constituyen en una barrera a la entrada a nuevos competidores en el mercado y, en cierta medida, desincentivan la participación en nuevos procesos de licitación pública; han provocado la devolución de espectro radioeléctrico al Estado, como ya ha sucedido en nuestro país, y ponen en riesgo el despliegue de infraestructura e inversiones, limitando así las mejoras en cobertura y calidad de los servicios. Desde el IFT hemos realizado diferentes propuestas al Ejecutivo y legislativo para reducir estos costos y que el país no pierda competitividad a causa del costo del espectro.

Obstáculos para el despliegue de infraestructura a nivel local: Otro gran desafío que enfrentamos en México, es que el procedimiento para otorgar los permisos para desplegar la infraestructura de telecomunicaciones corresponde a la autoridad local, a los ayuntamientos. El problema es que dependiendo el municipio esto puede tomar varios meses e incluso, en algunos casos, no hay certeza sobre el resultado de esas solicitudes. Cuando una autoridad local pone como pretexto regulación que no es pertinente para impedir el despliegue de infraestructura, está afectando directamente a su población, está inhibiendo que las personas de ese lugar tengan acceso a los beneficios que la conectividad puede dar. Esto se convierte en importantes barreras artificiales para el desarrollo de la cobertura, generando desincentivos a la inversión. Además, estas barreras elevan los costos de despliegue; generan incertidumbre sobre la factibilidad de ingresar o crecer con infraestructura propia; dificultan la posibilidad de planificar proyectos de despliegue de manera informada y razonada; y restringen la capacidad de los operadores para dar mantenimiento oportuno a sus redes.

En adición a lo anterior, que bien podríamos calificar como la infraestructura tradicional, es importante ir reflexionando sobre las condiciones y facilidades necesarias para fomentar el desarrollo de “infraestructura digital”, en esto pienso por ejemplo en los centros de datos; debemos analizar los elementos necesarios para fomentar que cada vez se establezcan en más lugares del país este tipo de facilidades.

 

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