La era digital encuentra a Latam con reglas obsoletas para impulsar las inversiones

Por Pedro Bentancourt, vicepresidente de Asuntos Externos, Económicos y Regulatorios de Waiken.  

En América Latina, esta convergencia no es un fenómeno teórico: es un mercado que ya supera los USD 54.330 millones en 2025, con proyección de crecer hasta los USD 76.890 millones en 2035, impulsado por la expansión de plataformas OTT, la digitalización del comercio y el despliegue de redes de nueva generación. 

La región también suma más de 450 millones de suscriptores móviles únicos, y más de 30 operadores en 13 países ya activaron servicios comerciales de 5G, un estándar que alcanzará el 25% de las conexiones móviles en 2027 y superará el 50% hacia el final de la década, según Naciones Unidas. 

Este dinamismo contrasta con un marco regulatorio que permanece estancado en lógicas pensadas para otro siglo. Mientras la convergencia avanza, las reglas siguen divididas por categorías que ya no existen: “televisión”, “telefonía”, “Internet”, como si el consumidor pudiera distinguir entre soportes que hoy funcionan como un mismo continuo. 

Para quienes invertimos en infraestructura, esta desconexión entre la realidad tecnológica y las normas implica obligaciones desproporcionadas que restringen nuestra capacidad de competir frente a actores globales que operan sin cargas equivalentes, en territorios donde no requieren licencias, contraprestaciones ni compromisos de cobertura.

Esto fue debatido con énfasis entre quienes somos parte de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones y autoridades de numerosos países de América Latina en el marco del MWC de Barcelona. Todos coincidimos allí en que Latinoamérica está en una encrucijada porque necesita adaptar la regulación a la realidad del mercado, dado que es la única vía para atraer inversiones y lograr competitividad. 

La pregunta central es evidente: ¿cómo sostener las redes que permiten la ubicuidad digital —la capacidad de estar conectados todo el tiempo, en cualquier lugar— si la responsabilidad económica recae solo sobre los mismos de siempre? Las estadísticas recientes muestran que la demanda de conectividad es cada vez más intensa: mayor velocidad, menor latencia, más dispositivos por hogar y más tráfico asociado a video, streaming, gaming y procesos en la nube. A ello se suma la incorporación acelerada de modelos basados en inteligencia artificial, que amplifican aún más el consumo de datos y el uso de redes de alta capacidad. Pero mientras la presión sobre las infraestructuras crece, las herramientas regulatorias no se actualizan con la misma velocidad.

A este desequilibrio estructural se suma un factor corrosivo del que poco se habla con seriedad: la piratería. Los estudios más recientes del sector muestran que no se trata de un fenómeno marginal ni de un acto romántico de rebeldía digital, sino de un negocio profesionalizado, con impacto directo sobre toda la cadena de valor audiovisual y de conectividad. 

La piratería opera sin pagar impuestos, derechos de autor ni programación, erosionando los ingresos de quienes funcionan dentro de la legalidad y compiten en condiciones muy desiguales. La región registra niveles de piratería online que afectan tanto a la TV paga como a las plataformas digitales y servicios emergentes, confirmando que este es un actor económico de peso, no una excepción anecdótica. 

En un mercado donde las fronteras tecnológicas desaparecieron, donde la conectividad es un derecho práctico y donde la inversión en redes requiere estabilidad y previsibilidad, América Latina enfrenta un desafío impostergable: actualizar sus marcos regulatorios. 

Modernizar las reglas significa nivelar obligaciones según el rol real que cada actor cumple en el ecosistema; reconocer que la infraestructura es la base de la economía digital; establecer condiciones justas para la competencia; y combatir sin ambigüedades las actividades ilegales que distorsionan el mercado.

La región tiene la oportunidad —y la urgencia— de diseñar políticas públicas que reflejen la economía digital del siglo XXI. No se trata de proteger a una industria, sino de construir sostenibilidad para todo el ecosistema con reglas modernas pensadas para promover un futuro con mayor inclusión. 

LC