México acelera la fiscalización digital: claves de la reforma 2026

Desde hace años, el SAT identifica como uno de los principales problemas de recaudación la existencia de EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas) y EDOS (Empresas que Deducen Operaciones Simuladas). Sin embargo, la reforma 2026 apunta a un cambio estructural: ya no es suficiente perseguir al emisor de facturas apócrifas; ahora, la autoridad buscará también responsabilizar a quienes las reciben, registran o se benefician de ellas.

La lógica que subyace en la exposición de motivos enviada por Hacienda es contundente: una factura solo será válida si corresponde a una operación que exista realmente, que sea verdadera y que pueda demostrarse con evidencia. Es un giro fuerte hacia la fiscalización con base en materialidad y trazabilidad.

Un nuevo estándar: demostrar que la factura representa una operación real

Uno de los cambios más relevantes de la propuesta de reforma es el fortalecimiento del concepto de materialidad, ahora incorporado de manera expresa en la definición de comprobante fiscal válido.

De acuerdo con los documentos oficiales del Paquete Económico 2026, un CFDI solo producirá efectos fiscales si la operación realmente ocurrió y corresponde a un acto económico verdadero, no simulado.

Además, la transacción debe ser real y demostrable mediante evidencia objetiva. Esto obliga a las empresas a reforzar su documentación interna y asegurar que cada factura esté respaldada por pruebas claras y verificables.

El SAT en 2026: más facultades, más información y más rapidez

La reforma al CFF 2026 busca que el SAT cuente con herramientas más ágiles y efectivas para detectar operaciones irregulares. Entre las facultades que se refuerzan destacan:

Suspensión o restricción del Certificado de Sello Digital (CSD) en caso de detectar inconsistencias relevantes en la emisión o uso de facturas.
Acceso ampliado a información financiera y bancaria, conforme a los procedimientos previstos en los artículos 32-B y 42.
Notificaciones electrónicas con efectos inmediatos, lo que acorta significativamente los tiempos de respuesta para las empresas.
Mayor capacidad para realizar cruces de información entre CFDI, declaraciones, movimientos bancarios y reportes de terceros.
Procedimientos más expeditos para publicar contribuyentes en supuestos del artículo 69-B, donde se listan EFOS.

Todo esto ocurre en el marco de una fiscalización cada vez más digital. El propio SAT ha señalado, en presentaciones ante la Cámara de Diputados, que su infraestructura de análisis de datos le permite identificar patrones de riesgo con mayor precisión, lo que reduce el margen para errores o inconsistencias involuntarias.

Las empresas deberán asumir que el escrutinio será prácticamente continuo.

La responsabilidad del receptor: el cambio que más impactará a las organizaciones

Cuando una empresa registra en su contabilidad facturas provenientes de proveedores incluidos en los listados del artículo 69-B del SAT o vinculados con operaciones presuntamente inexistentes, se expone a que la autoridad fiscal desconozca por completo esos comprobantes y considere que las operaciones carecen de sustancia económica. Esto puede traducirse en la pérdida de deducciones, la exigencia de pagar los impuestos omitidos con sus recargos e intereses, la aplicación de multas por el uso de documentos sin validez fiscal y la posibilidad de que el SAT amplíe la revisión a otros periodos o áreas de la empresa. 

El simple hecho de no verificar el estatus del proveedor puede derivar en contingencias significativas que afecten tanto la carga fiscal como la estabilidad operativa del negocio.

Riesgos operativos: desde ajustes fiscales hasta la imposibilidad de facturar

Además de los efectos tributarios directos, la reforma al CFF 2026 implica riesgos operativos significativos para cualquier empresa.

Suspensión del sello digital
Si el SAT considera que existe un riesgo fiscal fuerte —por operaciones simuladas o irregularidades estructurales— puede suspender el CSD. Esto significa que la empresa no podrá emitir facturas, lo que podría paralizar actividades comerciales y relaciones contractuales.

Ajustes retroactivos
Cuando una empresa ha deducido gastos respaldados con CFDI que no cuentan con evidencia suficiente para acreditar su existencia o materialidad, el SAT puede determinar que dichas deducciones son improcedentes y exigir su devolución, lo que implica el pago de los impuestos omitidos junto con los recargos e intereses correspondientes. 

Además, la falta de documentación adecuada puede derivar en la imposición de multas y en la apertura de auditorías más amplias sobre el ejercicio fiscal revisado, lo que incrementa significativamente la exposición de la empresa a ajustes, revisiones y obligaciones adicionales.

¿Qué deben hacer las empresas? Preparación práctica ante el CFF 2026
La preparación de las empresas frente al CFF 2026 requiere acciones inmediatas en los ámbitos documental, operativo y tecnológico. El primer paso es revisar y depurar la base de proveedores, verificando su estatus en los listados del SAT y asegurando que tengan capacidad operativa real. También es necesario solicitar contratos, comprobantes de entrega y demás documentos formales, así como incluir cláusulas de cumplimiento fiscal en cada acuerdo comercial.

De forma paralela, las áreas de compras, finanzas y contabilidad deben reunir evidencia completa de todas las operaciones. Esto implica documentar la solicitud del servicio o compra, la entrega o prestación, la conformidad del área usuaria, el pago y el archivo de todos los comprobantes que acrediten la materialidad de la transacción.

La automatización también será esencial. La fiscalización digital del SAT opera en tiempo casi real, por lo que intentar validar y controlar CFDI de manera manual incrementa el riesgo de errores. Contar con sistemas que verifiquen automáticamente los comprobantes y alerten sobre inconsistencias se vuelve indispensable.

Por último, es fundamental capacitar al personal involucrado en los procesos de compras y validación de facturas. La nueva responsabilidad del receptor exige que no solo los contadores, sino todas las áreas implicadas, comprendan los riesgos y sepan detectar señales de alerta en proveedores y operaciones.

Un entorno fiscal que se vuelve permanente

La tendencia es clara: la fiscalización en México ya no depende de visitas esporádicas del SAT. Con el uso de cruces masivos de datos, inteligencia artificial y sistemas interconectados, las revisiones son continuas. Las empresas no pueden confiar en que “todo está bien” únicamente por emitir o recibir CFDI válidos.

La reforma al CFF 2026 representa una evolución natural hacia un sistema tributario más estricto, más digital y preventivo.

Cumplimiento como estrategia: la tecnología como aliado de las empresas

Ante este nuevo panorama fiscal, depender del trabajo manual resulta insostenible. Las empresas necesitan herramientas capaces de validar automáticamente a sus proveedores y los CFDI que reciben, revisar en tiempo real los listados oficiales del SAT, documentar de manera ordenada toda la evidencia operativa y generar alertas cuando se detecte algún riesgo. También requieren sistemas que integren la información contable con los flujos internos de aprobación y aseguren la trazabilidad completa de cada gasto, desde su origen hasta su registro final.

En este sentido, soluciones tecnológicas como Tickelia —especializadas en la administración de gastos de empresa— juegan un papel estratégico. Al automatizar la recepción de comprobantes, validar su origen, cruzarlos con las políticas internas y consolidar evidencia documental, permiten que las organizaciones reduzcan riesgos, eviten costos inesperados y operen con certidumbre frente a un SAT cada vez más digital y exigente.

La reforma fiscal proyectada para 2026 no es solo un ajuste normativo: es una invitación —y en muchos casos, una obligación— para que las empresas mexicanas modernicen su gestión administrativa y fortalezcan sus controles. 

 

LC