Televisión
Netflix defendió su impugnación judicial contra las nuevas regulaciones de streaming en Francia
La empresa argumentó que las cuotas obligatorias de inversión en géneros específicos vulneran la libertad editorial y generan asimetrías competitivas frente a las emisoras tradicionales.La filial francesa de Netflix ratificó su decisión de apelar las recientes modificaciones aplicadas al decreto de Servicios de Comunicación Audiovisual (AVMS) en Francia. La postura corporativa, expuesta por la vicepresidenta de Contenidos de Netflix Francia, Pauline Dauvin, a través del diario Le Monde, responde al recurso legal presentado junto a la firma Disney+ con el fin de establecer un límite máximo a las obligaciones financieras forzosas impuestas a las plataformas de video bajo demanda.
La normativa cuestionada exige a los servicios globales de streaming un incremento en la inversión destinada a la producción de contenidos de animación, documentales y artes escénicas dentro del territorio francés. De acuerdo con los datos suministrados por la compañía, Netflix destina anualmente más de 250 millones de euros a proyectos de origen local y acumula un desembolso superior a los 2.000 millones de euros en la economía creativa del país desde el inicio de sus operaciones en 2014, período en el cual financió más de 160 películas y series de televisión.
La defensa de la firma sostiene que las nuevas reglas gubernamentales exceden el fomento de la industria local para interferir en las decisiones programáticas de los servicios, fijando por ley una composición rígida de los catálogos en perjuicio de géneros como el drama, la comedia o los formatos de no ficción. Asimismo, la representación de Netflix señaló que las emisoras convencionales de televisión no quedan sujetas a las mismas restricciones de género, lo que genera una disparidad en las condiciones de competencia del sector.
El descargo técnico de la plataforma advierte que la acumulación de cargas financieras sobre un sector específico de prestadores incrementa los costos operativos globales y desincentiva la asunción de riesgos artísticos en los proyectos. El conflicto administrativo coincide con el proceso de revisión del modelo de financiamiento audiovisual en Francia, un escenario donde los operadores digitales demandan un marco regulatorio sostenible ante la reducción de los presupuestos de inversión por parte de los canales tradicionales.
lc