Paraguay: retransmisión de TV abierta, sujeta a acuerdos entre privados

El ente regulador intervino luego que en junio la Cámara de Teledifusoras (Catelpar), que nuclea a los canales privados Telefuturo, SNT y Canal 13, entre otros, intimara a los operadores a pagar 3 dólares por cada canal por abonado, aduciendo que los operadores usufructúan sin cargo canales que tienen un alto costo de producción para los broadcasters, recibiendo como respuesta que la ley los obliga a incluir canales abiertos por ser un servicio público.

Si bien esta situación se viene discutiendo en distintos países de la región, como México, Chile y Colombia, la diferencia en Paraguay radica en que el conflicto no está acotado a los canales HD de los broadcasters como en los otros mercados, sino a todos los canales abiertos.

Frente a esto, la Conatel determinó a través de la resolución 1033/15, fechada el 31 de julio, que los operadores de TV paga deben acordar con los broadcasters la manera para retransmitir sus señales, resaltando que ni los primeros está obligados a realizar la retransmisión si no lo desean ni que los segundos lo están a ceder gratuitamente su señal.

La decisión del regulador, explicó su presidenta Teresita Palacios, se basó en el derecho de propiedad intelectual de los programadores sobre los canales, garantizados en la Constitución Nacional, ‘que tampoco obliga a los operadores a que paguen para retransmitirlos’.

En este marco, señaló que Conatel ‘no impondrá obligaciones a ninguna de las partes: ni a los canales a ceder sus transmisiones de forma gratuita, ni tampoco a los operadores a retransmitir si no lo quieren. Por lo tanto, la retransmisión se podrá realizar únicamente mediante un acuerdo comercial entre ambas partes’, concluyó.

Una vez conocida la resolución, Pablo Troche, presidente de Catelpar, señaló a medios locales que ‘por respeto a los consumidores, vamos a aguardar el tiempo necesario para arribar a acuerdos con los operadores, de modo a ajustar los derechos reclamados y el interés del público en general. Pero queda claro que nuestro reclamo se sustenta en la Constitución Nacional, que garantiza que la propiedad privada es inviolable y protege los derechos de autor y la propiedad intelectual’.